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Desde finales de la década de los sesenta se inició en el país un proceso de transición democrática, profundizado particularmente durante los años 90, que favoreció el desarrollo de la competencia electoral y fortaleció la autonomía y gestión de los Poderes Legislativo y Judicial.
El fortalecimiento democrático se tradujo también en un pluralismo político que implicó a su vez la revitalización del espíritu federalista. La alternancia en los gobiernos locales se convirtió en un catalizador de la demanda de los estados y municipios por una mayor descentralización del poder y de los recursos públicos.
De esta manera se impulsó una mayor redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los órdenes estatal y municipal del Gobierno.
La transferencia de mayores facultades de gasto a los gobiernos locales, el fortalecimiento municipal, la descentralización de los servicios educativos y de salud, así como la creación de mecanismos de coordinación intergubernamental para impulsar políticas públicas, son algunos de los principales avances que permitieron enriquecer el pacto federalista en el país, durante los últimos años.
En paralelo a este proceso democratizador, el Estado y la sociedad mexicana han tenido que enfrentar la creciente inseguridad pública que perturba la paz y la convivencia social. Es precisamente durante la última década del siglo pasado cuando se hizo patente la necesidad de renovar las políticas e instituciones de seguridad y procuración de justicia.
En 1994, el Congreso de la Unión aprobó un paquete de reformas que, además de disponer la reorganización del poder judicial transformaron el concepto legal de seguridad pública e iniciaron la transformación de las instituciones y políticas destinadas a este rubro de la vida social.
Con las modificaciones al artículo 21 constitucional quedo establecido que la seguridad pública es una función del Estado, e igualmente dispone la obligación para la Federación, las entidades federativas y municipios de coordinarse a fin de conformar un Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Precisamente, en este proceso de renovación institucional que surge el antecedente histórico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En 1993, las procuradurías del país crearon la Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia de México, con el propósito de sumar esfuerzos en el afán de disminuir los índices delictivos. Con ella se inició una nueva etapa en los trabajos colegiados de las procuradurías.
De 1993 a 1996 se celebraron seis Conferencias Nacionales de Procuradores Generales de Justicia de México. A partir de la Conferencia Nacional celebrada en abril de 1996, cambió su denominación a “Conferencia Nacional de Procuración de Justicia”, nombre que se mantiene hasta la fecha.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia retoma los avances que la revitalización del pacto federal y el fortalecimiento institucional en materia de seguridad pública y justicia habían alcanzado durante ese periodo, al erigirse en el instrumento de coordinación del Estado mexicano para fortalecer el federalismo en materia de procuración de justicia, y participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Conferencia tiene su fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
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