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¿Qué es la CNPJ?



La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es un órgano colegiado, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública; encargado de generar y dar seguimiento a las estrategias, acciones y políticas necesarias para el combate a la delincuencia, la investigación del delito y la seguridad jurídica.

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Historia

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia surge en el contexto de dos procesos que tuvieron lugar en el país durante la década pasada. Por una parte, un impulso renovado del federalismo, como conjunto del esfuerzo para mejorar nuestra democracia, y de otra, la construcción del sistema nacional de seguridad pública para enfrentar los actos delictivos.

 

Se hizo patente la necesidad de renovar las políticas e instituciones de seguridad y procuración de justicia, en ese proceso de renovación institucional surge el antecedente histórico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

 

A finales de la década de los cincuentas y principios de los sesentas, surge el primer antecedente de la CNPJ; la segunda etapa a mediados de los años ochenta; en 1993, durante el tercer periodo, las procuradurías del país crearon la Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia de México, con el propósito de sumar esfuerzos para disminuir los índices delictivos, con ella se inició una nueva etapa en los trabajos colegiados de las procuradurías.

En 1994, el Congreso de la Unión aprobó un paquete de reformas que, además de disponer la reorganización del poder judicial, transformaron el concepto legal de seguridad pública e iniciaron la transformación de las instituciones y políticas destinadas a este rubro de la vida social. En los dos años siguientes, se celebraron seis Conferencias Nacionales de Procuradores Generales de Justicia de México.

 

Con las modificaciones al artículo 21 constitucional quedó establecido que la seguridad pública es una función del Estado, e igualmente dispone la obligación para la Federación, las entidades federativas y municipios de coordinarse a fin de conformar un Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

En esa etapa, la Procuraduría General de la República tomó una nueva función dentro del desarrollo de los trabajos, pues asumió la Secretaria Técnica de dicho órgano, la cual recayó en la entonces Unidad de Interprocuradurías, posteriormente en la Dirección General Adjunta de Interprocuradurías y actualmente en la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.

 

A partir de la Conferencia Nacional celebrada en abril de 1996, cambió su denominación a “Conferencia Nacional de Procuración de Justicia”, nombre que se mantiene hasta la fecha.

 

En el año 2000 surge la cuarta etapa en la que es transcendental la suma de esfuerzos de las autoridades encargadas de procuración de justicia para el avance y resultados que actualmente existen. La Conferencia tiene su fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
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Descripción

Misión

Facilitar, generar e impulsar la coordinación entre las diversas instancias encargadas de procurar justicia, en un ambiente de corresponsabilidad, para ejecutar políticas públicas en materia de procuración de justicia, combate a la delincuencia, impunidad y corrupción con apego irrestricto a la legislación vigente, a las garantías individuales y a la soberanía nacional.
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Visión

Consolidarse como el canal estudio, análisis, promoción e implementación de acciones y estrategias integrales a nivel nacional, fortalecer la vigencia del Estado de Derecho, fomentar la cultura de la legalidad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.
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Objetivo

La Conferencia tiene como objetivo ser el órgano colegiado generador de acciones innovadoras y mejores prácticas en Procuración Nacional de Justicia entre sus funciones destaca:

 

•Transformar la estrategia nacional en procuración de justicia, fijando un rumbo de colaboración y coordinación con los tres niveles de gobierno, y una cooperación substancial con los Poderes Judicial y Legislativo en el combate integral a la delincuencia.

•Formular políticas generales de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia.

•Promover la coordinación entre las Instituciones de Procuración de Justicia y las Instituciones Policiales.

•Implementación de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia.

•Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de Procuración de Justicia.

•Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación conjuntos.

•Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con las obligaciones previstas en la Ley y demás disposiciones aplicables.

•Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización.

•Impulsar las acciones necesarias para promover la cultura de la denuncia y la participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia.

•Determinar las políticas y lineamientos sobre información de procedimientos penales, juicios de amparo y otros procesos judiciales en los que intervenga el Ministerio Público, con el objeto de integrarlos a las bases nacionales de datos que establece la Ley.

•Fijar criterios de cooperación y coordinación para la entrega de indiciados, procesados y sentenciados; el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales; al aseguramiento de bienes instrumento, objeto o producto de delitos y el desahogo de diligencias judiciales, ministeriales y periciales.

•Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y garantías reconocidas en la legislación vigente.

•Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas, atención a víctimas y ofendidos de delitos.

•Proponer programas de cooperación internacional en materia de procuración de justicia.

•Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de extradición y asistencia jurídica.

•Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas, vestigios de hechos delictuosos y de los instrumentos, objetos o productos de los diversos delitos.

•Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones de procuración de Justicia.

•Promover la uniformidad de criterios jurídicos.

•Las demás que le confieran los ordenamientos legales.
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