.

La Constitución exige que la finalidad de las medidas en las leyes de justicia para adolescentes sea la reintegración social y familiar del individuo, así como el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades, por ello y en cumplimiento a los acuerdos pronunciados en el Noveno Encuentro de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia del país, se llevó a cabo en la ciudad de México, en el Salón Procuradores de la Procuraduría General de la República, la Segunda Sesión de la Comisión de Estudio y Análisis sobre el Modelo de Justicia para Adolescentes.

En la Sesión participaron la Procuradora General de Justicia del Estado de Oaxaca y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Estado de Tabasco y Presidente de la CONATRIB, asimismo asistieron representantes de las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados de Guanajuato, Puebla, Sonora, Tamaulipas, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, así como de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato y Guerrero, funcionarios de la Procuraduría General de la República, el Secretariado Técnico del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema Penal de la Secretaría de Gobernación y las Secretarias Técnicas de la CNPJ y la CONATRIB.

Los integrantes de la Comisión coincidieron en la necesidad de valorar las rutas que permitan solventar la problemática a la que se enfrentan las Instancias de Procuración e Impartición de Justicia en esta materia, por ello y a efecto de aportar mayores elementos que permitan una mejor adecuación al modelo vigente, se exhortará a la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación impulse la conformación de un estudio integral de aplicación nacional en materia de justicia para adolescentes.

Asimismo se coordinarán los esfuerzos para conformar protocolos que permitan sentar las bases de operación y coordinación en materia de justicia para adolescentes tanto del ministerio público local como el federal y sustentar jurídicamente los procesos de capacitación y certificación que de ello derive.