​​Historia

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia surge en el contexto de dos procesos que tuvieron lugar en el país durante la década pasada. De una parte, un impulso renovado del federalismo, como parte del esfuerzo para mejorar nuestra democracia, y de otra, la construcción del sistema nacional de seguridad pública para enfrentar el crecimiento de la delincuencia que hemos venido padeciendo desde hace varios años.​

Los procesos sociales y políticos que dieron lugar a la construcción del Estado y la nación mexicana, consolidaron al federalismo como una forma de organización del poder público en nuestro sistema republicano. La Constitución Política que nos rige, establece al federalismo como el atributo esencial del sistema político, a partir del reconocimiento de los estados libres confederados y del municipio libre.

Desde finales de la década de los sesenta se inició en el país un proceso de transición democrática, profundizado particularmente durante los años 90, que favoreció el desarrollo de la competencia electoral y fortaleció la autonomía y gestión de los Poderes Legislativo y Judicial.

El fortalecimiento democrático se tradujo también en un pluralismo político que implicó a su vez la revitalización del espíritu federalista. La alternancia en los gobiernos locales se convirtió en un catalizador de la demanda de los estados y municipios por una mayor descentralización del poder y de los recursos públicos.

De esta manera se impulsó una mayor redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los órdenes estatal y municipal del Gobierno.

La transferencia de mayores facultades de gasto a los gobiernos locales, el fortalecimiento municipal, la descentralización de los servicios educativos y de salud, así como la creación de mecanismos de coordinación intergubernamental para impulsar políticas públicas, son algunos de los principales avances que permitieron enriquecer el pacto federalista en el país, durante los últimos años. 

En paralelo a este proceso democratizador, el Estado y la sociedad mexicana han tenido que enfrentar la creciente inseguridad pública que perturba la paz y la convivencia social. Es precisamente durante la última década del siglo pasado cuando se hizo patente la necesidad de renovar las políticas e instituciones de seguridad y procuración de justicia.

En 1994, el Congreso de la Unión aprobó un paquete de reformas que, además de disponer la reorganización del poder judicial transformaron el concepto legal de seguridad pública e iniciaron la transformación de las instituciones y políticas destinadas a este rubro de la vida social.

Con las modificaciones al artículo 21 constitucional quedo establecido que la seguridad pública es una función del Estado, e igualmente dispone la obligación para la Federación, las entidades federativas y municipios de coordinarse a fin de conformar un Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Precisamente, en este proceso de renovación institucional que surge el antecedente histórico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En 1993, las procuradurías del país crearon la Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia de México, con el propósito de sumar esfuerzos en el afán de disminuir los índices delictivos, con ella se inició una nueva etapa en los trabajos colegiados de las procuradurías.

De 1993 a 1996 se celebraron seis Conferencias Nacionales de Procuradores Generales de Justicia de México. A partir de la Conferencia Nacional celebrada en abril de 1996, cambió su denominación a “Conferencia Nacional de Procuración de Justicia”, nombre que se mantiene hasta la fecha.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia retoma los avances que la revitalización del pacto federal y el fortalecimiento institucional en materia de seguridad pública y justicia habían alcanzado durante ese periodo, al erigirse en el instrumento de coordinación del Estado mexicano para fortalecer el federalismo en materia de procuración de justicia, y participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Conferencia tiene su fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

​​Misión 

Facilitar, generar e impulsar la coordinación entre las diversas instancias encargadas de procurar justicia, en un ambiente de corresponsabilidad, para ejecutar políticas públicas en materia de procuración de justicia, combate a la delincuencia, impunidad y corrupción con apego irrestricto a la legislación vigente, a las garantías individuales y a la soberanía nacional.​​

Visión 

​Consolidarse como el canal estudio, análisis, promoción e implementación de acciones y estrategias integrales a nivel nacional, para fomentar la procuración de justicia, la cultura de la legalidad, fortalecer la vigencia del Estado de Derecho y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.

Objetivo

La Conferencia tiene como objetivo ser el órgano colegiado generador de acciones innovadoras y mejores prácticas en Procuración Nacional de Justicia, entre sus funciones destacan:

• ​​Transformar la estrategia nacional en procuración de justicia, fijando un rumbo de colaboración y coordinación con los tres niveles de gobierno, y una cooperación substancial con los Poderes Judicial y Legislativo en el combate integral a la delincuencia.
  

• Formular políticas generales de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia.

• Promover la coordinación entre las Instituciones de Procuración de Justicia y las Instituciones Policiales.
  

• Formular respuestas para la integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia y demás instrumentos programáticos relacionados con el ámbito de su competencia, así como darles puntual seguimiento.
  

• Formular​ de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia.
  

• Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de Procuración de Justicia.
  

• Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación conjuntos.
  

• Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con las obligaciones previstas en la Ley y demás disposiciones aplicables.
  

• Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización.
  

• Promover la homologación de los procedimientos de control de confianza de los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia, de conformidad con las disposiciones aplicables.
  

• Promover que las legislaciones aplicables provean un procedimiento ágil, eficaz, uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de procuración de justicia por incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley y demás que se establezcan en otros ordenamientos aplicables.
  

• Promover mecanismos de coordinación en materia de investigación de delitos con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.
  

• Impulsar las acciones necesarias para promover la cultura de la denuncia y la participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia.
  

• Determinar las políticas y lineamientos sobre información de procedimientos penales, juicios de amparo y otros procesos judiciales en los que intervenga el Ministerio Público, con el objeto de integrarlos a las bases nacionales de datos que establece la Ley.
  

• Fijar criterios de cooperación y coordinación para la entrega de indiciados, procesados y sentenciados; el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales; al aseguramiento de bienes instrumento, objeto o producto de delitos y el desahogo de diligencias judiciales, ministeriales y periciales.
  

• Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y garantías reconocidas en la legislación vigente.
  

• Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas, atención a víctimas y ofendidos de delitos.
  

• Proponer programas de cooperación internacional en materia de procuración de justicia.
  

• Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de extradición y asistencia jurídica.
  

• Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas, vestigios de hechos delictuosos y de los instrumentos, objetos o productos de los diversos delitos.
  

• ​Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones de procuración de Justicia.​​
  

• Promover la uniformidad de criterios jurídicos.
  

• Expedir y modificar sus reglas de organización y funcionamiento.
  

• Las demás que le confieran los ordenamientos legales.​​